MÉRIDA, 9 (EUROPA PRESS)
El pleno de la Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves, 9 de febrero, el decreto ley 1/2023, de 11 de enero, por el que se declara de interés general la producción de hidrógeno a partir de energía eléctrica procedente de instalaciones aisladas de generación de energías renovables en la comunidad.
La convalidación ha contado con el voto favorable del PSOE y de Ciudadanos, y la abstención del PP y de Unidas por Extremadura.
Con este decreto ley se pretende aprovechar la “buena” implantación de las energías renovables y las perspectivas de aumento de la potencia instalada en Extremadura y que la sitúan en una posición “privilegiada” para convertirse en un “referente” en el hidrógeno renovable, con una estimación de una producción en la comunidad de 3 gigawatios de electrólisis en 2030, y con una generación de aproximadamente 2.500 puestos de trabajo directo durante la operación de las plantas.
De este modo lo ha explicado en la sesión plenaria de este jueves la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta, Olga García, quien ha defendido que “la inversión en hidrógeno puede generar un crecimiento sostenible y generar efectos positivos en la región como catalizador de un desarrollo industrial de nueva generación y también la industria asociada al oxígeno medicinal”, ya que genera “beneficios ambientales” al “evitar CO2” y propicia una “importante” recaudación en términos de impuestos locales.
Así, como medidas para aumentar la “velocidad” y la “magnitud” de las inversiones en energías renovables en Extremadura y de las infraestructuras conexas, el decreto ley declara de interés general en la región la actividad e instalaciones destinadas a la producción de hidrógeno renovable, que se podrá declarar de utilidad pública e interés social a los efectos de expropiación forzosa y ejercicio de servidumbre de paso.
De este modo, con el decreto ley se facilita obtener el suelo necesario para la puesta en marcha de los potenciales proyectos y su “total funcionalidad”, incluido el suelo para la implantación de la instalación aislada de generación de energía renovable y de todas sus infraestructuras auxiliares.
Además, la construcción, modificación, ampliación y explotación de las instalaciones que integran los proyectos de producción de hidrógeno renovable que se ubiquen en Extremadura, no requerirá ningún tipo de autorización administrativa sustantiva, quedando sujetas a la normativa de seguridad industrial, ambiental, urbanística, y demás que resulte de aplicación.
De igual manera, ha abogado las alianzas entre empresas para la generación y aprovechamiento común de hidrógeno renovable y el desarrollo tecnológico e industrial; y ha defendido que la posibilidad de producción descentralizada de hidrógeno renovable “supone un incentivo” para la instalación de plantas de producción en zonas aisladas, “contribuyendo de esta manera a afrontar el reto demográfico en Extremadura”.
Así, según ha explicado Olga García, el fin principal del decreto ley es promover el despliegue en la región de proyectos de gases renovable, en especial de hidrógeno renovable, en un contexto mundial afectado por la transición a energías renovables y de “crisis energética” que “no es algo transitorio” por la “incertidumbre” de la coyuntura internacional y de la guerra en Ucrania.
“Tenemos que actuar y acelerar la transición energética”, ha espetado García, quien ha defendido que para ello el fomento de gases renovables es una de las medidas de descarbonización “más adecuadas”, y ha considerado que “Extremadura tiene que actuar ante la constatación de que el hidrógeno renovable se está convirtiendo en uno de los principales vectores energéticos y a medio y largo plazo”.
Cabe apuntar, igualmente, que con este decreto ley se modifica la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Extremadura para el año 2023, de tal modo que se establece una bonificación extraordinaria y temporal, con efectos exclusivos para el ejercicio 2023, en el importe de las tarifas aplicables a las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) gestionadas en régimen de concesión administrativa.
GRUPOS POLÍTICOS
Por su parte, el diputado del PSOE Carlos Labrador Pulido ha lamentado que la oposición se muestre “tan crítica” con el desarrollo del hidrógeno verde en Extremadura, ya que éste supone “una nueva oportunidad para el progreso y futuro de la región”.
Así, aunque ha reconocido que se trata de un sector que “en estos momentos está naciendo”, ha argumentado que la situación energética internacional “ha obligado a reaccionar a la UE acelerándolo todo con una previsión de desarrollo de este gas, donde los que lleguen primero y más rápido tendrán más oportunidades de riqueza y desarrollo para su territorio”, ha espetado.
En este sentido, ha defendido que si Extremadura se convierte en “protagonista” del desarrollo del hidrógeno verde la comunidad será “muy competitiva”, tanto para “ayudar” a las empresas existentes como para atraer nuevas iniciativas que buscan “energía más barata”; a la vez que ha subrayado que las previsiones en este sector en la región son de la creación de 20.000 empleos verdes y con una inversión de 10.000 millones de euros.
“Ahora somos importantes en España y en Europa gracias al gobierno de la Junta de Extremadura, y estamos orgullosos de no tener que ir solamente a pedir como hacíamos antes sino de ir a ofrecer liderazgo verde y de que en Europa se hable de que una región Objetivo 1 como es Extremadura en breve dejará de serlo, y eso gracias al liderazgo verde y a este gobierno de la Junta”, ha subrayado el socialista.
A su vez, el diputado del PP Bibiano Serrano ha considerado que el decreto ley se basa en la “improvisación e incompetencia” porque “trata de arreglar algo olvidado” en los Presupuestos autonómicos como la reducción de tasas en las ITV privadas en la comunidad, algo que a su juicio es “propio de un gobierno cansado”.
En este sentido, ha criticado que la Junta en el decreto ley “justifica en base a Europa algo para lo que no tiene competencias”, y ha recordado que proyectos en esta temática se viene impulsando en diferentes comunidades “desde 2015”, mientras que “en Extremadura ni está ni se le espera”.
Serrano, al mismo tiempo, ha considerado que la Junta “ha perdido el norte” con un “invento sin fundamento” porque “no es competente para legislar en este asunto” y, además, para lo que “no hay instrumentos, no hay presupuesto” y “no se sabe” incluso si se incluirá “dentro del plan de interés comunitario”.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs) Joaquín Prieto ha considerado “oportunista” el decreto ley que ahora saca la Junta “a las puertas de las elecciones”, cuando hace ya dos años que su grupo planteó en la Asamblea una iniciativa para el impulso de este sector.
Así, y aunque ha defendido que hay que apostar por “menos” combustibles fósiles y más por las “energías limpias”, ha abogado también por el impulso de la “investigación” de fuentes de energía como la del hidrógeno renovable.
De su lado, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido el hidrógeno verde es la “gran esperanza” en la transición energética, aunque cree que debe desarrollarse en la comunidad con “justicia social”, con “equilibrio territorial” y “soberanía local”, y ha considerado que el decreto ley está elaborado “desde la óptica de que los únicos que se van a beneficiar de esto es el oligopolio eléctrico”.
También ha defendido que en la “carrera contra reloj” en la transición energética es necesario de forma global un plan de ordenación de los recursos para evitar que se cree “conflicto” entre poblaciones o se afecte al sector agrícola o ganadero.
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