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La ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua sigue su tramitación tras ser rechazada la enmienda a la totalidad del PP

MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)

El proyecto de ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura sigue su tramitación en la Asamblea tras ser rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La enmienda a la totalidad, que solicitaba la devolución del texto por entender, entre otras cuestiones, que no se respetaba la autonomía municipal, ha sido rechazada este jueves en el pleno de la cámara legislativa extremeña por los grupos del PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura.

De este modo, ahora el texto seguirá su tramitación en la comisión correspondiente y contará con las aportaciones de los grupos, tal y como han avanzado en sus intervenciones.

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha sido la encargada de detallar el contenido de este proyecto de ley, del que ha destacado que la norma garantiza el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial, además de regular su ciclo urbano.

En este sentido, García ha planteado que, en estos momentos, el principal desafío al que se enfrenta la gestión del agua es su adecuación a la realidad que impone el cambio climático, al tiempo que ha insistido en que en la política del agua se necesita una “gobernanza compartida”.

Así, la ley, que se comenzó a trabajar en ella en enero de 2020, defiende un modelo integral del ciclo urbano del agua donde prime el uso racional, la digitalización, la reducción de pérdidas y la planificación de las infraestructuras.

Este proyecto de ley mantiene, como ha subrayado la consejera, un “absoluto respeto” a la autonomía municipal y cuando se habla de injerencias se hace, en su opinión, desde el “desconocimiento”. La norma se estructura en torno 34 artículos organizados en seis capítulos, finalizando con una disposición derogatoria y cinco finales

Su finalidad es garantizar un nivel de protección elevado de dominio público hídrico y un uso sostenible del agua y reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, se garantiza la prestación de los servicios en condiciones adecuadas y de igualdad para la ciudadanía extremeña.

También se aclaran las competencias entre la administración regional, los ayuntamientos y las entidades supramunicipales y se reconocen a los entes supramunicipales como herramientas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de menos tamaño ante la falta de recursos técnicos y económicos.

El proyecto de ley, como ha informado la consejera, impulsa la planificación de infraestructuras, de forma que cada seis años debe elaborarse un plan regional en coherencia con la planificación hidrológica.

En paralelo, la entidades locales y supramunicipales deberán elaborar cada seis años un plan de gestión que persiga la sostenibilidad del uso del agua, una prestación de servicios adecuados y la recuperación de costes, y también, y entre otros aspectos, se establece un régimen de sanciones.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PP

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Víctor del Moral ha sido el encargado de defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo, en la que ha criticado que la Junta ha entrado “como elefante en cacharrería para organizar la vida a los ayuntamientos”.

Unas instituciones que son “mayores de edad”, aunque el Ejecutivo regional se resista a “aceptarlo”, ha dicho, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo regional de ir de “hermano mayor” y de “chismosos a organizar” la casa ajena.

De esta forma, el ‘popular’ ha informado de que su grupo con su enmienda no discute la finalidad de la norma, sino que va en contra de la “injerencia” en las competencias municipales y la falta de concreción de las competencias que son propias de la Junta.

En esta línea, ha considerado que la Junta “no ha dado ni una con esta ley”, que, como ha incidido, “atenta frontalmente contra la autonomía municipal” e introduce cuestiones que son “propias de un manifiesto político cargado de sectarismo”.

En este sentido, Del Moral que entiende que por ley no puede determinar que en Extremadura se priorizará la gestión pública del agua, ya que la gestión indirecta a través de empresas privadas también garantiza el control, la calidad, la transparencia o la eficiencia.

Por ello, el ‘popular’ ha lamentado que se esté ante una “oportunidad perdida” y ante un “quiero y no puedo” en lo que ha calificado como un “fiasco de ley”, por lo que ha pedido la retirada del texto para abordar con consenso un tema “tan complicado”.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha remarcado que el agua es un derecho y una forma de progreso económico, aunque, en estos tiempos, hay que incidir en su ahorro, momento en el que ha recalcado que la ley debería suscitar el mayor de los consensos y ha afeado que se traiga a final de legislatura, en un momento en el que los dos grandes partidos harán su discurso político.

En esta línea, ha insistido en que su grupo va a hacer un esfuerzo en comisión para que la ley sea una buena norma para el conjunto de los ciudadanos, además de añadir que nos le parece mal la creación de organismos supramunicipales mientras que no creen “chiringuitos”.

Así, y sobre la enmienda a la totalidad del PP, Baselga ha considerado que aceptarla sería aceptar que la ley no es necesaria, momento en el que ha planteado que si hay voluntad de sacar adelante la ley los grupos deberán a plantear las modificaciones que consideren en el periodo de enmiendas parciales.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha defendido que el acceso al agua debe ser un derecho humano, ya que no es un “bien comercial” sino un patrimonio que “hay que cuidar”.

Así, ha insistido en que el al agua, como la vida, “no es una mercancía” sino un elemento “indispensable” para la vida que debe alejarse de las “ópticas de mercado”.

De igual forma, aunque De Miguel está de acuerdo con la necesidad de legislar en este sentido, la norma, en su opinión, “llega tarde” y es “muy poco ambiciosa” en algunos aspectos.

Finalmente, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha criticado que el PP está instalado en el “no por el no” y en votar en contra de leyes que solo pueden hacer bien a los extremeños, como ésta, que es “importantísma” para dar soluciones a la gestión del agua.

En este sentido, ha pedido a los diputados ‘populares’ que escuchen a la ciudadanía, que están demandado “acuerdos y consensos”, y ha lamentado que con la presentación de la enmienda lo “único” que demuestran es que prefieren defender sus intereses por encima del bien de los ciudadano.

También ha valorado el carácter moderno de esta ley, la tiempo que ha criticado que el PP está “más solo” y “aislado que nunca”, por lo que le ha pedido que deje de “defender lo indefendible”.


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