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Blanco-Morales defiende una reforma tributaria vinculada a la de la financiación autonómica y realizada con “consenso”

BADAJOZ, 19 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha defendido que la reforma del sistema tributario tiene que estar vinculada a la del sistema de financiación autonómica y realizarse desde el “consenso necesario que una reforma de calado precisa”, al margen, ha dicho, de la “actual situación de incertidumbre”.

Blanco-Morales ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la jornada de presentación del Libro blanco sobre la reforma tributaria, celebrada en Badajoz, donde, además, ha resaltado la oportunidad que supone la celebración de esta presentación para profundizar sobre el sistema tributario que se quiere para España, Extremadura y para cada una de las ciudades, ya que existen impuestos de carácter nacional, regional y local.

En este sentido, la titular de Hacienda ha resaltado el valor del criterio de los expertos que han trabajado en este libro blanco y han aportado diferentes perspectivas para una reforma que, mediante la comprensión de las circunstancias del momento y con el objetivo de alcanzar una regulación estable, aporte los recursos acordes a las necesidades que requieren los ciudadanos para el mantenimiento de los servicios que les prestan las comunidades autónomas.

Blanco-Morales ha añadido que las incertidumbres del momento actual obligan a pensar en el largo plazo, aunque sin perder la capacidad de respuesta a las cuestiones más inmediatas, y en reformas estructurales, no solo de ámbito fiscal, sino en aquellas que permitan afrontar la oportunidad de transformación, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Ante este reto, la vicepresidenta primera ha asegurado que la Junta de Extremadura es un “interlocutor leal” en esta materia, cuyas aportaciones se dirigen a la mejora del diseño y engranaje de los tributos que integran el sistema fiscal.

Un nuevo modelo que debe basarse, ha dicho, en dos “premisas básicas”, por un lado garantizar la provisión de recursos suficientes para la prestación de todos los servicios asumidos por las comunidades autónomas y, por otro, afianzar la capacidad financiera del Estado como “garante de la solidaridad, del desarrollo regional armónico y la justa distribución de la renta y la riqueza que le atribuye la Constitución”.


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