BADAJOZ, 14 (EUROPA PRESS)
Medio centenar de trabajadores penitenciarios se han convocado este jueves, convocados por CSIF y Acaip-UGT, frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, para reclamar medidas ante las últimas agresiones sufridas por el colectivo de instituciones penitenciarias y mejoras laborales.
En declaraciones a los medios con motivo de esta concentración, el presidente del sector de la administración general del Estado en CSIF Extremadura, Alonso Torres, se ha referido en concreto a que este pasado martes en la prisión de Badajoz “sin ir más lejos, por ejemplo”, sobre las 13 o 14 horas “se produce una agresión a unos compañeros, patadas, puños, insultos, uno ha acabado con la mano lesionada, otro con arañazo, insultos y amenazas incluso a la familia, a los hijos”.
Según ha explicado, “a las 17, 18 horas, 19, estaba el interno paseando impunemente por el patio, con lo cual esos compañeros fueron doblemente agredidos, primero por los internos y después por la administración, que permite de forma connivente todas estas cuestiones”, al tiempo que ha matizado sobre este caso que fueron dos heridos “claramente” y que en algunas agresiones “no hay más remedio” que denunciarlas y que “sino a lo mejor no se haría” y, por ejemplo, la del martes tiene que ir al juzgado de guardia.
Alonso Torres ha explicado que el motivo de esta concentración, igual que en todas las delegaciones del Gobierno donde hay centros penitenciarios, es para denunciar de nuevo sobre la “multitud” de problemas que están teniendo en instituciones penitenciarias: “hoy estamos en situación de conflicto colectivo, desde el año 2017 que iniciábamos las movilizaciones con manifestaciones, huelgas, fuimos agredidos, pateados, vilipendiados, aquí estamos, no avanzamos”.
Entre la “multitud” de problemas que tienen, ha destacado las agresiones y que este miércoles tanto el presidente nacional de CSIF Jorge Vilas, como el presidente nacional de Acaip-UGT, José Ramón López, tuvieron una conferencia de prensa en Murcia para denunciar las “últimas y gravísimas agresiones” en Murcia y en Madrid VII Estremera, “donde por suerte de momento no lamentamos la muerte de ningún trabajador pero es cuestión de tiempo, porque que es que es increíble la impunidad con la que se está agrediendo en las prisiones”.
Sobre las prisiones, ha puntualizado que la Constitución habla de que las penas privativas de libertad tienen como finalidad la reeducación y la reinserción social, pero que “es imposible con tantas agresiones que podamos cumplir con los fines establecidos”, y ha matizado sobre la prisión pacense que el módulo de aislamiento está vacío, cuando hay unos 500 internos y “cualquier ley básica de probabilidades nos dice que es imposible”, pero que “no se persigue, con lo cual el mensaje qué significa, pues que es gratis”, “barra libre total y que merece la pena, que es rentable”.
Ante ello, se ha preguntado en qué trabajo tiene que ir una persona a cumplir con sus funciones “con el riesgo diario permanente de ser agredido, insultado, y así día tras otro y no pasa nada” y ha matizado que han acudido a entregar un escrito a la delegada del Gobierno que “parece ser dice su secretaria que está en un incendio” y que el subdelegado del Gobierno en Badajoz “también”, a teor de lo cual ha criticado que no han sido recibidos.
“Nos ningunea y es parte de la política del Gobierno que tenemos, es un abandono absoluto de los trabajadores y concretamente en prisiones, ya digo, lo de las agresiones es insufrible”, ha lamentado, para reclamar que se cubran las vacantes, que cifra en 3.000 de un colectivo de 24.000 pese a que todos los años se saca una oferta que, no obstante, no es “suficiente”, así como que “no se permita de ninguna manera este tipo de agresiones” y se atiendan las demandas de carácter retributivo.
AGRESIONES, “SIEMPRE SON DEMASIADAS”
Asimismo, ha remarcado que en Extremadura hay unos 500 funcionarios de prisiones entre Cáceres y Badajoz, mientras que sobre cuántas agresiones ha podido haber en ambas cárceles en este semestre ha expuesto que la cifra exacta depende de a quien se le pregunte, y “las que haya siempre son demasiadas, es cuestión de preguntarle al que las padece”.
De este modo, ha dicho que si se pregunta a la administración “con estadísticas en la mano va a decir que aquí no pasa nada”, mientras que según los datos que manejan “aquí casi a diario hay un tipo de agresión”, porque “agresión es un insulto”, ha planteado.
FALTA DE PERSONAL
Por su parte, el delegado de Acaip-UGT Dionisio Iglesias ha sostenido sobre las agresiones que es motivado “muchas de las veces” por cuestiones como la falta de personal, 2.857 plazas a nivel nacional, de las que 45 corresponden a plazas vacantes en Badajoz que no se cubren y 65 a la prisión de Cáceres.
También lo achaca a la “falta” de la clasificación que se hace de los internos que “actualmente es nefasta” al tener “muchos” con problemas psiquiátricos, y que entre el 25 y el 30 por ciento de la población penitenciaria actualmente esté tomando medicación psicotrópica, ante lo cual ha instado a que se realice una formación universal en aras de que sepan valorar todas estas enfermedades mentales.
Al mismo tiempo, ha añadido que otro problema es la “falta” de médicos y que a nivel nacional son 300 plazas vacantes sin cubrir en todos los centros, o que en Badajoz hay tres plazas de facultativos vacantes y en Cáceres no tienen.
SITUACIÓN “TRÁGICA”
Finalmente, el delegado de Acaip-UGT en el centro penitenciario de Badajoz, Roque Gómez, ha hecho hincapié en que la delegada del Gobierno no les ha querido o podido recibir, cuando “tendría que estar aquí ahora mismo recibiéndonos en una entrevista personal como se está haciendo en todas las delegaciones del Gobierno”, y en que para los sindicatos convocantes se tiene “el peor Gobierno actual, el peor secretario general y el peor ministro” para la situación que están viviendo en prisiones.
“El colectivo de prisiones está pasando una situación trágica”, ha insistido, para criticar: “llevamos desde 2017 manifestándonos, teniendo huelgas, y desde septiembre del año pasado estamos en conflicto colectivo. No nos hacen ni puñetero caso, que quede claro, ni el ministro, ni el secretario general nos hace caso en ninguna de nuestras reivindicaciones, no se sienta a negociar ni quiere saber nada de prisiones”.
“Nos consideramos dentro del Ministerio del Interior funcionarios no de tercera, sino de quinta categoría, porque no nos hacen absolutamente caso”, ha concluido, para matizar en relación a las agresiones que se producen “continuamente y diariamente” en todos los centros penitenciarios de España, y que lo “único” que piden es diálogo y que se sienten a negociar con ellos.
- Te recomendamos -
