MÉRIDA, 11 (EUROPA PRESS)
La Delegación del Gobierno en Extremadura ha destacado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha considerado que la decisión administrativa que impedía a las organizaciones agrarias convocantes de la protestas de este martes en Badajoz entrar con los tractores hasta su sede es “razonada, fundada y proporcionada”.
Así, la Delegación del Gobierno sostiene que el TSJEx determina que su decisión “no impide el derecho de reunión sino que lo ampara y ofrece seguridad a todos los ciudadanos”.
En una nota de prensa, la Delegación del Gobierno se ha referido a la sentencia del TSJEx que inadmite el recurso presentado por la Unión de Agricultores y Ganaderos y APAG Extremadura ASAJA frente a la Resolución de la Delegación del Gobierno de España en Extremadura de fecha 6 de julio de 2022, en la que se autorizaba la manifestación solicitada pero se limitaba el acceso de los tractores en la ciudad de Badajoz atendiendo a los informes emitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este sentido, el TSJEx ha determinado que la decisión administrativa adoptada por la Delegación del Gobierno respecto dicha tractorada está “razonada y fundada y es proporcionada”.
“La limitación del ejercicio de un derecho constitucional respeta el contenido esencial del derecho de reunión, no produce un vaciamiento de su contenido”, afirma la sentencia del tribunal, que además condena a los demandantes al pago de las costas procesales.
El TSJEx, reconoce en la sentencia que el recurso contencioso administrativo es inadmisible ya que fue presentado fuera de plazo; no obstante, el alto tribunal entre el fondo de la cuestión y llega a la conclusión de que la prohibición de utilización de tractores no impide el ejercicio del derecho de reunión, sino que lo ampara, ofreciendo seguridad tanto para los asistentes a la concentración como al resto de ciudadanos de Badajoz.
Se respeta al lugar de la concentración, frente a la Delegación del Gobierno de España en Extremadura, donde los participantes podrán hacer llegar su mensaje al destinatario de este, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía.
“La forma en que las asociaciones convocantes pretenden ejercer el derecho de reunión consiste en un ejercicio desproporcionado del derecho, que claramente producirá una perturbación grave para toda la ciudad de Badajoz, para la seguridad pública y emergencias que pudieran ocurrir en la ciudad y para el orden público en el interior de la ciudad ante el tipo de vehículos y el número que se pretende introducir a la vez en el centro de la ciudad, sin que el uso de los tractores aporte nada al mensaje y al destinatario del mismo”, recoge la sentencia.
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